Tras años de denuncias, el magistrado Fernando Games responsabilizó civilmente a la Iglesia por el daño estructural ocasionado a un joven en el Monasterio Cristo Orante. Deberán abonar una reparación de $ 18.592.000.
Las resoluciones judiciales que determinan la responsabilidad civil de las organizaciones institucionales por los delitos perpetrados dentro de sus estructuras representan un quiebre en la jurisprudencia tradicional sobre la materia. Al extender la culpabilidad más allá de los autores materiales y alcanzar a los entes de supervisión y disciplina, los tribunales establecen estándares de control interno mucho más estrictos para los ámbitos formativos y de culto. Para los portales periodísticos dedicados al análisis de los fallos de fondo en el país, examinar estas sentencias permite comprender los mecanismos institucionales que la Justicia penal y civil valida para resarcir la vulneración de los derechos humanos.
La Justicia de Mendoza dictó una condena civil contra el Arzobispado provincial y los monjes Diego Roque Moreno, de 58 años, y Oscar Portillo, de 71 años, obligándolos a pagar una multa millonaria por los daños ocasionados a N. B. El joven fue víctima de abusos sexuales, manipulación emocional y aislamiento familiar en el Monasterio Cristo Orante. El fallo judicial, al que tuvo acceso Infobae, no solo ratificó el sufrimiento individual del denunciante, sino que dictaminó la responsabilidad civil de la estructura eclesiástica. El juez civil Fernando Games concluyó que la respuesta de las autoridades de la Iglesia, lejos de ser la adecuada, incluyó la aplicación de sanciones internas irrisorias y una política de restricción y ocultamiento de información en los procedimientos canónicos.
El veredicto fija un precedente insoslayable en las causas que involucran la rendición de cuentas de las autoridades religiosas ante los tribunales ordinarios.

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