A través de la Resolución 68 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Minería simplificó trámites de la Ley 24.196 y articuló el esquema con el RIGI.
El Gobierno nacional oficializó una reestructuración integral en los procedimientos del régimen de fomento minero. Mediante la Resolución 68, la Secretaría de Minería adecuó la normativa vigente al Decreto 482/2026 y puso en marcha un nuevo sistema para optimizar la fiscalización y acelerar los trámites de las compañías.
La medida deroga cuatro resoluciones históricas dictadas entre 1996 y 2021 para actualizar la Resolución 30/2018 de la ex Secretaría de Política Minera. La principal innovación radica en la creación del Registro de Inversiones Mineras (RIM), una plataforma digital donde los titulares de proyectos y prestadores de servicios quedarán identificados mediante su CUIT y códigos únicos de proyecto.
Con este reordenamiento, el Poder Ejecutivo busca otorgar celeridad y transparencia a los beneficios contemplados en la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, al tiempo que alinea las exigencias operativas con las disposiciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Asimismo, se fijó la obligatoriedad de constituir un domicilio legal electrónico para las presentaciones anuales.
La reforma apunta a modernizar los mecanismos de control sobre toda la cadena de valor del sector.
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