La Cámara de Diputados otorgó media sanción a la iniciativa oficialista orientada a modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria, estableciendo restricciones severas a la emisión y jerarquizando el cuidado del poder adquisitivo como única meta institucional.
El plexo normativo aprobado durante la víspera introduce una transformación profunda al esquema legal vigente desde dos mil doce, suprimiendo los objetivos múltiples que ligaban a la entidad con la promoción del empleo y el desarrollo económico. Con este cambio, el Banco Central focalizará sus funciones en preservar el valor de la moneda, evitando medidas expansivas orientadas a sostener la actividad o el crédito que puedan comprometer la estabilidad cambiaria.
Entre los puntos más destacados del articulado se encuentra la prohibición definitiva de los adelantos transitorios y la restricción para que el organismo adquiera títulos de deuda pública al momento de su emisión, abarcando a los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal. Asimismo, la medida elimina la utilización de reservas internacionales para el pago de compromisos externos con organismos multilaterales a cambio de letras intransferibles, cerrando los grifos históricos de asistencia financiera al sector público.
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