Rockhopper sufre fuertes pérdidas en la bolsa tras las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y una cautelar judicial. Además, la operadora Navitas debió iniciar la búsqueda de reemplazos luego de que contratistas abandonaran el proyecto de hidrocarburos.
Las tensiones geopolíticas y los obstáculos legales y operativos volvieron a golpear con dureza a la petrolera británica Rockhopper, cuyas acciones se desplomaban un 19,7% este lunes por la mañana en la Bolsa de Londres en el marco de la disputa por el proyecto offshore Sea Lion en las Islas Malvinas.
El desplome bursátil profundiza la racha negativa que arrastran los papeles de la compañía, los cuales ya habían retrocedido cerca de un 8% en las primeras dos ruedas de octubre y acumulaban una baja del 18% durante septiembre, castigados por el endurecimiento de la postura del gobierno de Javier Milei contra aquellas empresas que operen en la zona sin la debida autorización nacional. Actualmente, Rockhopper posee una participación del 35% en el yacimiento ubicado en la cuenca norte de las islas, mientras que la firma israelí Navitas Petroleum controla el 65% restante y encabeza la operación.
En medio de la caída de los títulos, un comunicado oficial emitido por Navitas reconoció que la presión de las sanciones argentinas y una cautelar de la Justicia Federal ya provocaron consecuencias concretas: un contratista clave decidió no realizar trabajos para Sea Lion ni participar en actividades de exploración y producción en la región. Ante esta baja, la operadora informó que se encuentra implementando medidas para reemplazar a los dos proveedores que incumplieron sus compromisos. Si bien las empresas aseguraron que por el momento no prevén un impacto material adverso y ratificaron su respaldo en el gobierno británico y las autoridades isleñas, admitieron una lista de riesgos latentes que incluye la demora en la sustitución de contratistas, la posible retirada de otras firmas asociadas y una escalada en las medidas punitivas de la Argentina que altere la viabilidad jurídica y comercial del proyecto petrolero.
Un escenario de extrema fragilidad financiera y operativa para un proyecto extractivo que choca de frente con el cerrojo legal y diplomático impuesto por el país.
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