28 mayo, 2026

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El escándalo por las versiones cruzadas sobre la destrucción del patrimonio histórico en el incendio del Museo Udaondo enciende la polémica por la desidia estatal

La provincia afirma que las pérdidas son mínimas y que todo estaba digitalizado, mientras que los trabajadores y los bomberos denuncian graves daños estructurales y materiales invaluables arruinados por las llamas y el agua.

El siniestro desatado en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo de Luján abrió una profunda grieta entre el discurso oficial y la realidad reportada por el personal de emergencia. La destrucción de un sector de la Biblioteca Enrique Peña expone las severas fallas de infraestructura en los edificios públicos destinados a la conservación de la memoria histórica nacional.

El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires intentó relativizar el impacto del fuego al calificar las pérdidas como cuantitativamente menores bajo el argumento de la existencia de respaldos digitales. Sin embargo, la falta de un sistema ignífugo en el archivo general desató fuertes críticas sobre las verdaderas prioridades presupuestarias de la gestión cultural bonaerense.

Los propios trabajadores del establecimiento contradijeron de forma tajante el balance de las autoridades al estimar que se perdió cerca de una cuarta parte de la colección histórica que data de 1935. A este reclamo se sumó el reporte del Cuartel de Bomberos Voluntarios, donde se confirmó que el agua necesaria para extinguir las llamas terminó por deteriorar documentos únicos del Archivo Estanislao Zeballos.

El hermetismo de la dirección del museo, que optó por no realizar declaraciones ante la prensa, incrementó las suspicacias sobre el estado real de conservación de los 26.000 ejemplares y las 55.000 publicaciones afectadas. Los cuestionamientos en las plataformas digitales apuntan de manera directa a la falta de inversión básica en seguridad eléctrica dentro de los museos públicos.

La controversia sobre si el patrimonio físico puede ser reemplazado por archivos digitales queda abierta en medio de acusaciones de negligencia institucional que amenazan con escalar al plano político.