La Cámara Alta aprobó la abrogación de la Ley 1341 con el objetivo de reducir las restricciones procedimentales ante la ola de protestas. Mientras tanto, el expresidente Evo Morales rechaza el diálogo y exige elecciones anticipadas en un plazo de 90 días.
La crisis política y social en el Estado Plurinacional de Bolivia sumó un capítulo decisivo en el terreno legislativo. En un intento por devolverle el poder de maniobra al Poder Ejecutivo tras seis meses de gestión condicionados por las protestas, el Parlamento comenzó a desmantelar los candados legales que limitaban las atribuciones del mandatario para declarar el estado de sitio.
Durante una sesión ordinaria celebrada este 24 de mayo, el Senado aprobó de forma mayoritaria la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción. La iniciativa legislativa, que ahora deberá ser ratificada por la Cámara Baja, busca dejar sin efecto las reformas introducidas en el año 2020 que obligaban al Ejecutivo a someterse a la supervisión parlamentaria y a fijar plazos estrictos para estas medidas de emergencia. La propuesta fue fundamentada originalmente por el diputado Carlos Alarcón. La votación reflejó un amplio consenso, registrando únicamente tres votos en contra por parte de la bancada alineada con el vicepresidente Edmand Lara.
El avance de la norma coincide con la presión de agrupaciones civiles como el Comité Pro Santa Cruz, que exige acciones inmediatas ante el desabastecimiento generalizado
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