Condenaron a tres años de prisión a la exjueza de Pilar acusada por irregularidades en procesos de adopción

Alejandra Claudia Velázquez, ex titular del Juzgado de Familia N° 1 de Pilar, reconoció haber ofrecido sobornos a funcionarias judiciales. Recibió una pena de ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos tras un acuerdo de juicio abreviado.

Las resoluciones judiciales que imponen sanciones penales a exmagistrados provinciales por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones representan capítulos de profunda significación institucional para el sistema de administración de justicia. Cuando las conductas imputadas vulneran la transparencia de los procesos de adopción y la protección de los derechos de la minoridad, la sustanciación de las condenas de los tribunales competentes busca restaurar la confianza pública en las instituciones del fuero de familia. Para las plataformas abocadas al análisis del quehacer judicial, el desempeño de la seguridad y el acontecer político en el norte del conurbano bonaerense, pormenorizar estas sentencias aporta las coordenadas necesarias para comprender los mecanismos de control interno sobre el funcionariado público.

El Juzgado Correccional N° 1 de San Isidro dictó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos hasta 2031 contra la exjueza de Familia N° 1 de Pilar, Alejandra Claudia Velázquez. La resolución se alcanzó mediante la modalidad de juicio abreviado, luego de que la imputada admitiera la autoría del delito de cohecho agravado por su condición de funcionaria pública. El tribunal acreditó que la exmagistrada —quien fuera destituida por un jury en 2017 tras denuncias de acoso laboral, falsedad ideológica y presunta intermediación onerosa en cesiones de recién nacidos— ofreció sumas de dinero a dos funcionarias de la dependencia para alterar actuaciones en expedientes de guarda, maniobra que fue rechazada por las trabajadoras y derivó en la posterior denuncia penal.

Al computarse el período de detención preventiva cumplido por Velázquez tras su extradición desde España por parte de Interpol, el juzgado le otorgó el beneficio de la libertad condicional bajo estrictas pautas de conducta que regirán el proceso hasta julio de 2028.