Los últimos datos oficiales reflejan que la cantidad de familias con deudas impagas continúa en aumento. Aunque desde el Gobierno aseguran que el peor momento ya pasó, la recuperación del crédito todavía no aparece y la refinanciación comienza a ganar protagonismo.
Mientras el Gobierno y las entidades financieras sostienen que el pico de la morosidad quedó atrás, las cifras oficiales cuentan otra historia. El último Informe sobre Bancos del Banco Central, con datos correspondientes a abril, mostró que la irregularidad en los préstamos siguió avanzando, especialmente entre las familias que tomaron créditos para consumo.
Según el relevamiento, la mora en los préstamos a personas alcanzó el 12,1%, el nivel más elevado de los últimos veinte años. Los créditos personales registraron una irregularidad del 14,9%, mientras que las tarjetas de crédito llegaron al 12,5%. En el conjunto del financiamiento al sector privado, la morosidad se ubicó en 7,3%, también por encima del mes anterior.
Sin embargo, especialistas del sector explican que estos indicadores no solo responden al aumento de los incumplimientos. El problema también está en la fuerte desaceleración del otorgamiento de nuevos préstamos. En abril, el crédito destinado al consumo cayó 0,9% en términos reales, afectado por un escenario de menor demanda y una política más cautelosa por parte de los bancos.
Las entidades financieras reconocen que hoy priorizan reducir riesgos antes que expandir el crédito. Para lograrlo endurecieron las condiciones de acceso, mantienen tasas de interés elevadas y limitan la actualización de los montos disponibles en tarjetas de crédito. Además, continúan destinando una parte importante de sus recursos a inversiones en deuda pública.
La única excepción continúa siendo el crédito en dólares, impulsado por el buen desempeño del comercio exterior y las líneas vinculadas a exportaciones, un segmento que mantiene mayor dinamismo que el resto del mercado.
Desde el Banco Central, su presidente, Santiago Bausili, insistió en distintas oportunidades en que la morosidad ya habría alcanzado su punto máximo durante el verano y que comenzó un proceso de normalización. No obstante, los datos oficiales de abril todavía no reflejan esa tendencia.
Al mismo tiempo, el Gobierno descartó implementar medidas generales de alivio para los deudores, como topes a las tasas o programas masivos de refinanciación. La postura oficial sostiene que intervenir implicaría trasladar costos al conjunto de la sociedad.
Pese a ese discurso, comenzaron a aparecer iniciativas puntuales desde el sector público. El Banco Nación lanzó distintos planes para refinanciar deudas de consumo y tarjetas de crédito, primero para clientes con atrasos moderados y luego ampliando el beneficio incluso a deudores clasificados como de alto riesgo. Las nuevas líneas ofrecen plazos de hasta 120 meses y tasas ajustadas por UVA.
En paralelo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un Programa de Desendeudamiento Familiar que permitirá refinanciar préstamos personales y deudas de tarjetas a tasas preferenciales para hogares con ingresos de hasta diez salarios mínimos, a través del Banco Ciudad.
Las perspectivas de corto plazo tampoco muestran una recuperación significativa. Durante junio, el crédito al sector privado prácticamente se mantuvo estancado, con un crecimiento mínimo del stock total de préstamos y una nueva caída en el financiamiento mediante tarjetas de crédito.
Mientras el otorgamiento de nuevos créditos siga frenado y el consumo no logre recuperarse, la elevada morosidad continuará siendo uno de los principales desafíos para el sistema financiero y para miles de familias que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones.

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