Con un cupo de hasta 400 mil millones, las provincias podrán financiarse al 15% anual. Buenos Aires no forma parte del acuerdo.
Javier Milei decidió implementar un sistema de adelantos de coparticipación para un grupo de gobernadores que han mostrado sintonía con las reformas de la Ley Bases y el capítulo laboral. La medida busca descomprimir la presión fiscal en las provincias y asegurar votos en el Congreso para futuras reformas estructurales.
El mecanismo, que ya fue testeado por mandatarios como Rogelio Frigerio en Entre Ríos, se extenderá ahora a una decena de provincias más. El argumento de la Casa Rosada es técnico-financiero: ofrecer una tasa del 15% para que los gobernadores no «corran el riesgo» de pagar intereses del 35% en el mercado privado. Para acceder, los distritos debieron superar un estudio de situación fiscal realizado por el Ministerio del Interior.
En la lista figuran provincias con fuerte peso minero, lo que vincula directamente esta asistencia con la necesidad oficial de avanzar en cambios sobre la normativa de glaciares. A pesar de ser dinero que pertenece a la masa coparticipable, la devolución obligatoria dentro del mismo ejercicio fiscal marca la pauta de un control estricto por parte del Tesoro Nacional.
La ausencia de la provincia de Buenos Aires en el listado ratifica la política de exclusión hacia los distritos que mantienen una oposición abierta al modelo libertario.
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