La Justicia Federal de San Martín dictó una medida cautelar que deja sin efecto la polémica Resolución 42/26. Desde ATE celebraron el fallo, que prohíbe despidos, traslados o bajas de categorías y exige garantizar la ocupación efectiva de todo el personal.
Un fuerte freno judicial interrumpió el plan de reestructuración que las autoridades nacionales pretendían aplicar sobre uno de los organismos de desarrollo tecnológico e industrial más importantes del país. Atendiendo al reclamo de los representantes de los trabajadores, un tribunal de la zona norte bonaerense emitió un amparo que paraliza de forma inmediata la supresión de prestaciones y protege la estabilidad laboral de la planta de empleados.
“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, explicó el dirigente sindical de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La Resolución 42/2026, publicada el 16 de abril de este año, ordenaba el cierre de más de 600 servicios brindados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Según el argumento estatal, la decisión buscaba asegurar la eficiencia y la asignación de fondos públicos bajo el pretexto de que carecían de demanda efectiva o se superponían con el sector privado.
El sindicato se mantiene en estado de alerta en las distintas sedes fabriles para fiscalizar que las autoridades cumplan estrictamente con lo dispuesto por los magistrados.
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