La ONU estima que hay unos 50.000 desaparecidos tras los sismos. Mientras tanto, organizaciones sociales denuncian la alarmante falta de alimentos y agua potable para los damnificados.
El colapso habitacional y sanitario en las regiones costeras venezolanas expone de manera dramática la vulnerabilidad de la infraestructura urbana frente a fenómenos naturales de gran magnitud. A una semana de los sismos, la destrucción de acueductos, tendidos eléctricos y centros médicos zonales neutralizó la capacidad de respuesta inmediata, dejando a miles de familias a la intemperie en un escenario donde los servicios básicos brillan por su ausencia.
El último balance oficial de los terremotos del pasado 24 de junio arroja cifras escalofriantes: 2.295 víctimas fatales y 11.267 heridos, lo que motivó al gobierno central a decretar una semana de duelo nacional. Las tareas de remoción de escombros e identificación de cuerpos avanzan con extrema lentitud en el estado La Guaira, una de las zonas más castigadas por el desastre. Paralelamente, la ONU lanzó una alerta internacional ante el cálculo de 50.000 personas desaparecidas y la falta crítica de refugios estables, comida y asistencia médica de urgencia.
Las próximas horas serán determinantes para el despliegue de los primeros contingentes de ayuda humanitaria transnacional.
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