A cargo de la Gendarmería Nacional, la pericia ordenada por el juez Ariel Lijo busca detectar posibles ediciones, cortes o el uso de inteligencia artificial en las grabaciones sobre presuntas coimas. El exfuncionario se negó a entregar muestras de voz.
La Justicia federal avanza en una medida clave dentro de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción, sobreprecios y cohecho en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Por orden del juez federal Ariel Lijo, peritos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional llevan adelante el peritaje sobre los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan circuitos de fondos y cambios en los porcentajes de supuestas coimas. El análisis técnico tiene como objetivo principal verificar la autenticidad de los archivos, detectar si sufrieron manipulaciones, cortes o ediciones posteriores, y establecer si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como la clonación de voz o la síntesis automática.
El estudio se dispuso a pesar de la negativa del exfuncionario imputado, quien a través de su defensa se rehusó a aportar una muestra voluntaria de voz al considerar que se vulneraba la garantía constitucional de no declarar contra sí mismo. Ante este rechazo, y frente a la propuesta alternativa de la fiscalía a cargo de Franco Picardi de utilizar material de cotejo extraído de entrevistas televisivas y radiales previas, el magistrado rechazó el planteo defensivo al tildarlo de contradictorio, dado que la propia defensa había cuestionado la veracidad de los audios y propuesto un perito de parte. Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que los registros sonoros no constituyeron el origen de la investigación ni fueron la base para solicitar los procesamientos en el expediente, donde ya hay cerca de 20 personas imputadas por delitos como asociación ilícita, administración fraudulenta y cohecho en la compra de medicamentos.
Con los resultados de la pericia tecnológica en marcha, el expediente suma nuevas medidas probatorias en medio de un complejo entramado judicial que investiga el desvío de fondos y contrataciones irregulares en el organismo estatal.

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