El abogado denunciante Gregorio Dalbón solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene el arresto del ex titular de la agencia. Argumenta que las recientes pruebas sobre sobreprecios de hasta 4.239%, pagos duplicados y entregas irregulares profundizan la gravedad del caso y elevan el riesgo de fuga y entorpecimiento procesal.
A pocos días de que la Cámara Federal porteña confirmara su procesamiento, el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quedó en el centro de un nuevo pedido de detención impulsado por el abogado querellante Gregorio Dalbón, quien advirtió sobre millonarias irregularidades en las contrataciones del organismo.
La solicitud formal fue presentada ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, exigiendo una medida de coerción inmediata bajo el argumento de que los nuevos informes incorporados al expediente agudizan la hipótesis de corrupción investigada. Entre los datos más destacados del relevamiento figuran sobreprecios de gran magnitud, inconsistencias en las adjudicaciones, pagos duplicados y la entrega de productos ortopédicos y sanitarios distintos a los pactados contractualmente.
Como ejemplo de las graves diferencias de valores, el escrito judicial detalla la adquisición de un sistema de válvulas bicaval transcatéter abonado en 425 millones de pesos, pese a que meses antes el PAMI había adjudicado el mismo equipamiento por 124,2 millones de pesos. Asimismo, se detectaron brechas de hasta un 711% en otros insumos, implantes cocleares comprados a un promedio de 62.613 dólares frente a referencias de mercado de 16.975 dólares, y diferencias de hasta 4.239% en productos ortopédicos. A esto se suma una factura de la firma Indecomm por 28,7 millones de pesos que habría sido cancelada por duplicado, además de cuestionamientos sobre el uso de insumos importados con sobrecostos de entre el 300% y el 1.000% en comparación con alternativas nacionales.
Para Dalbón, estas evidencias no constituyen fallas administrativas aisladas, sino que se enmarcan en un esquema delictivo que debe reevaluarse junto con los audios originales de la causa, donde se atribuían a Spagnuolo frases como «Si no hay aporte, no hay medicamentos. Esto es así. No es caridad, es negocio». El letrado remarcó que, dada la jerarquía del exfuncionario al frente del organismo, este poseía un control directo sobre los circuitos administrativos y los proveedores, lo que incrementa el peligro de entorpecimiento probatorio —especialmente de cara a la pericia destinada a verificar la autenticidad de su voz, ratificada recientemente por la Cámara—.
Por último, el planteo invocó un latente peligro de fuga, recordando que el exdirector no fue hallado en sus domicilios particulares al momento de los primeros allanamientos y que, ante la gravedad institucional de los nuevos elementos probatorios, las medidas cautelares vigentes —como la prohibición de salida del país— resultan insuficientes. La resolución del pedido recae ahora sobre el magistrado Ariel Lijo.
La definición judicial sobre el futuro procesal del exfuncionario marcará un nuevo hito en el expediente que investiga las maniobras de corrupción en el manejo de recursos destinados a la discapacidad.
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