Las imágenes reveladas en la causa judicial exponen cámaras arrancadas, vestidores vacíos, gimnasios equipados y grifería de lujo. En paralelo, la Justicia sobreseyó a Sofía Clerici.
Nuevas pruebas audiovisuales sumadas a la causa judicial que investiga a Martín Insaurralde y Jésica Cirio complican la situación de la expareja. Un conjunto de videos, difundidos en exclusiva por el periodista Daniel Santoro en TN, comprueba que la ostentosa mansión que compartían en el municipio de San Vicente fue «limpiada» y desmantelada con anterioridad al allanamiento judicial realizado el 24 de octubre de 2023, tras el estallido del escándalo del «Yategate».
Entre el material aportado a la causa se observan registros de un vestidor con decenas de pares de zapatos y un «glam room», una sala de juegos con mesa de pool profesional, videojuegos arcade, flipper y un gimnasio equipado con seis máquinas y más de tres docenas de pesas. Sin embargo, en inspecciones posteriores, el lugar exhibía cámaras de seguridad arrancadas y cajones completamente vaciados donde se presume que se guardaban bolsos con divisas.
Los archivos de video contienen metadatos y fechas de creación que van desde abril y mayo de 2023 —período coincidente con la separación de la pareja— hasta diciembre de 2025. Según trascendió, la filmación original habría sido una recomendación del abogado Fernando Burlando en el marco del divorcio para «documentar» la propiedad.
El pendrive con las filmaciones fue entregado a la Justicia por el abogado Nicolás Silvera, de la Fundación Apolo, y quedó a disposición del titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, y del fiscal Sergio Mola, quienes solicitarán un peritaje a la DATIP.
Por otra parte, la causa tuvo un giro respecto a otro de sus vértices: la Justicia dictó el sobreseimiento de Sofía Clerici, tras comprobar que no existieron transferencias ni facturas emitidas por Insaurralde hacia ella y al considerar justificados los 569.911 dólares hallados en su vivienda de Nordelta como fruto de sus ingresos laborales.
El peritaje tecnológico sobre los metadatos de los celulares será clave para determinar las responsabilidades en el ocultamiento de bienes.
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