El fiscal general Alberto Gentili formuló el requerimiento ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín. La acusación recayó sobre la cúpula de la organización criminal que operó durante casi cinco décadas bajo una fachada religiosa, imputándoles los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre y abuso sexual.
Las planificaciones de los debates orales en el fuero federal vinculados a delitos complejos de carácter transnacional, el codiseño de estrategias de asistencia para personas damnificadas por redes de trata y la determinación de las responsabilidades penales en estructuras organizacionales jerárquicas constituyen variables de permanente centralidad para la administración de la seguridad pública y el servicio de justicia. Cuando los procesos judiciales examinan el funcionamiento de corporaciones coercitivas de larga data que extendieron sus actividades operativas hacia países limítrofes, la rigurosidad en la exposición de las asimetrías de poder se transforma en el principal insumo para desarmar los mecanismos de sometimiento. Para los analistas del derecho penal y los editores de contenidos abocados al seguimiento de los tribunales de San Martín, documentar estas instancias de alegatos representa una herramienta metodológica clave para evaluar los estándares de persecución penal.
El juicio oral encaminado a penalizar las actividades de la organización conocida como «Templo Filadelfia» ingresó en su etapa de definiciones tras los alegatos presentados por el Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, instancia en la que se requirieron condenas de hasta veinticuatro años de reclusión para veintisiete imputados. Los representantes de la fiscalía fundamentaron su requerimiento punitivo sosteniendo que la red delictiva operó sin interrupciones entre los años 1972 y 2020 utilizando una fachada religiosa en su sede central de San Justo, partido de La Matanza, desde donde extendió un esquema de control absoluto, aislamiento exterior y explotación laboral forzada hacia distintas provincias del país, Paraguay y Brasil. El pedido de pena más severo fue dirigido contra Eva Pereyra, de ochenta y dos años, señalada como la máxima conductora de la estructura criminal, a quien se le imputan de forma concurrente los delitos de asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas agravada, sumando además cuatro cargos específicos por abuso sexual, en el marco de una causa donde la fiscalía hizo foco en que las víctimas fueron captadas en situaciones de extrema vulnerabilidad para anular por completo su autodeterminación.
El tribunal federal integrado por los magistrados actuantes continuará escuchando las exposiciones de las defensas técnicas de los imputados en las próximas jornadas de debate parlamentario y judicial. El dictado de la sentencia definitiva sentará un precedente histórico respecto a la persecución de delitos de trata de personas cometidos bajo el amparo de cultos coercitivos en el territorio nacional.
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