Jacob Scott Bevins (36) fue imputado por homicidio, abuso y ocultamiento de pruebas tras el hallazgo del cuerpo del menor.

Los antiguos tutores del niño habían alertado reiteradas veces a los servicios de protección infantil sobre el riesgo inminente, desnudando una alarmante desidia burocrática.

Un hecho aberrante que expone la vulnerabilidad institucional de los menores bajo tutela estatal sacude a la comunidad de Aberdeen. Las fuerzas policiales detuvieron a Jacob Scott Bevins, acusado de haber asesinado a su hijo de cuatro años, Aiden Scott Bevins, y de ocultar sus restos debajo de la estructura de la vivienda familiar. El sospechoso fue trasladado a la cárcel del condado de Grays Harbor, donde enfrenta cargos graves que van desde homicidio en segundo grado y homicidio por abuso, hasta agresión a un menor y disposición ilegal de restos humanos.

La investigación penal se inició a raíz de una denuncia por la presunta desaparición de la hermana mayor de la víctima, una niña de seis años. Si bien las autoridades constataron que la menor se encontraba a salvo bajo el cuidado de su madre, la ausencia del pequeño Aiden encendió las alarmas. Tras una serie de declaraciones evasivas en las que Bevins pretendió desviar la búsqueda alegando que el niño se encontraba con parientes en otra jurisdicción, la inconsistencia del relato forzó un nuevo interrogatorio donde el implicado admitió los hechos de violencia física que terminaron con la vida del menor.

La autopsia oficial ratificó que el causal del deceso fue un traumatismo encéfalo-craneal severo, sepultando la coartada de un supuesto accidente doméstico ensayada por el victimario.

Un sistema de protección que ignoró las alertas previas

El hallazgo del cuerpo se produjo tras excavaciones específicas debajo del inmueble, donde los peritos hallaron los restos del niño envueltos en una bolsa de residuos. El horror vecinal se transformó rápidamente en indignación comunitaria al conocerse los antecedentes del núcleo familiar. Tanto Aiden como su hermana habían transitado por el sistema de adopción y acogimiento temporal debido a situaciones previas de violencia, antes de que las agencias estatales determinaran la restitución a sus progenitores biológicos.

Gary y Magali Lopez, quienes ejercieron como tutores temporales de los menores en el pasado, confirmaron públicamente que realizaron múltiples denuncias ante los servicios de protección de la niñez advirtiendo el deterioro físico y el peligro que corrían los niños al regresar con Bevins. La inacción de los estamentos estatales encargados del seguimiento de familias con antecedentes de maltrato vuelve a quedar en el centro del debate público, transformando una tragedia familiar en un severo cuestionamiento al sistema de seguridad social.