La Casa Rosada apunta a llevar ambas iniciativas al recinto durante octubre. En paralelo, las negociaciones con los gobernadores por los cambios electorales quedaron a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la espera de los acuerdos necesarios.
Con el objetivo de imprimirle dinamismo a la actividad legislativa en la Cámara alta, el Gobierno nacional prevé impulsar durante el mes de octubre el tratamiento de la nueva Ley de Salud Mental y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), dejando temporalmente congelada la discusión sobre la reforma electoral hasta alcanzar consensos con los gobernadores.
La estrategia oficial consiste en fragmentar la agenda parlamentaria. En la Casa Rosada reconocen que la mayor parte de las iniciativas vinculadas al debate político continúan trabadas, por lo que decidieron no convocar a una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales hasta tener abrochado un entendimiento con los mandatarios provinciales y los bloques dialoguistas, gestiones que encabeza el jefe de Gabinete, Diego Santilli. De este modo, temas como las PASO y la Boleta Única quedaron supeditados a la rosca política, mientras que el oficialismo confía en que los proyectos de salud y propiedad intelectual reúnan los votos para llegar al recinto.
El expediente con mayor recorrido parlamentario es la adhesión al PCT, que ya había recibido media sanción en Diputados en agosto con 147 votos a favor y 93 en rechazo, aunque debió regresar al Senado debido a una modificación introducida para excluir el Capítulo II —referido al examen preliminar internacional—, un resguardo reclamado por sectores de la industria farmacéutica nacional. Para el Ejecutivo, avanzar con este tratado resulta prioritario en el marco de los compromisos bilaterales asumidos con Estados Unidos, y se proyecta el envío próximo de otros seis acuerdos sobre patentes y marcas. En paralelo, el proyecto de reforma en Salud Mental contempla modificaciones clave en materia de internaciones involuntarias y controles periódicos, buscando compatibilizar la red de atención integrada con herramientas de intervención más estrictas para casos complejos.
Una jugada táctica del oficialismo para destrabar leyes clave en el Congreso, priorizando la agenda económica y sanitaria mientras posterga el debate electoral de fondo.
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