A través del decreto N°142-26, el Ejecutivo local extiende el régimen de preferencia para quienes tributan en el distrito, abarcando trámites, turnos y vacantes administrativas.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió profundizar su política de territorialidad al firmar una normativa que jerarquiza la atención de los vecinos porteños por sobre quienes provienen de otras jurisdicciones o del exterior. La medida, que ya funcionaba en el sistema sanitario desde hace un año, ahora se convierte en la regla general para todo el aparato estatal porteño.
La resolución lleva la rúbrica del Jefe de Gobierno junto a su ministro coordinador, Gabriel Sánchez Zinny. El texto legal establece que el domicilio y el cumplimiento tributario en la Ciudad serán condiciones determinantes para obtener cupos o gestionar servicios públicos de manera preferencial. Esta decisión surge como respuesta a la alta demanda que recibe la Capital, la cual alcanzó picos de 30 millones de asistencias durante el último ciclo anual.
Desde la jefatura de gobierno argumentan que la infraestructura local se ha visto sobrepasada por la falta de inversión en distritos vecinos. Por ello, el nuevo marco normativo busca blindar el presupuesto que aportan los contribuyentes porteños, asegurando que los beneficios de la recaudación local vuelvan directamente a quienes financian el sistema.
De esta manera, la gestión actual endurece su postura frente al flujo de usuarios bonaerenses, ratificando un modelo de administración centrado en el domicilio legal del ciudadano.
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