Modernización del sistema vial: el nuevo régimen de la VTV habilita a talleres privados y modifica las frecuencias de control

Las dependencias oficiales formalizaron la apertura del servicio de verificación para los establecimientos mecánicos que cumplan con las auditorías técnicas vigentes. Ante la intensificación de las fiscalizaciones en las rutas provinciales, circular con la oblea vencida acarrea sanciones económicas de hasta 1.807.000 pesos.

Las planificaciones de las políticas de seguridad vial integral, el codiseño de plataformas de fiscalización vehicular descentralizadas y la articulación de normativas de desregulación comercial representan ejes centrales en las reformas estructurales de los servicios públicos actuales. Cuando los ministerios nacionales y las secretarías de transporte convalidan la incorporación de actores privados al esquema de revisiones obligatorias, se persigue el objetivo de agilizar los trámites de los usuarios sin resentir los estándares de calidad y los controles de calidad exigidos por las leyes de tránsito. Para las agencias informativas abocadas al seguimiento de las resoluciones administrativas, el impacto de las multas en los presupuestos familiares y las reglas de circulación urbana, detallar estas reconfiguraciones institucionales constituye una variable de estudio indispensable para monitorear las transformaciones del parque automotor.

El Poder Ejecutivo nacional puso en marcha un profundo proceso de reestructuración en el sistema de fiscalización vehicular que habilita formalmente a los talleres mecánicos de carácter privado a realizar los procedimientos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La medida, que complementa los anuncios realizados a comienzos de año por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanza sobre la descentralización del servicio tradicional al permitir que los establecimientos del sector que reúnan el equipamiento tecnológico y las condiciones administrativas requeridas operen como centros de inspección autorizados, debiendo garantizar la total compatibilidad de sus sistemas informáticos con las bases de datos que administra la Secretaría de Transporte. De forma simultánea a esta apertura comercial, la reforma introdujo una sensible extensión en los plazos obligatorios de cumplimiento, estipulando que los rodados cero kilómetro deberán efectuar su primera inspección recién a los 5 años del patentamiento oficial, mientras que las unidades de hasta 10 años de antigüedad tendrán que renovar el trámite cada 24 meses y los automóviles que superen la década de uso mantendrán la obligatoriedad de carácter anual. La vigencia del nuevo esquema coincide con un escenario de endurecimiento de los controles viales en los distintos corredores de la provincia de Buenos Aires, donde las patrullas viales aplican severas sanciones económicas a los conductores en infracción que van desde un piso de $542.100 hasta un máximo de $1.807.000 para los casos de reincidencia o faltas graves, eliminando además requisitos históricos como el informe de configuración de modelo para agilizar la gestión de los particulares.

Las cámaras del sector de reparación automotriz comenzaron a tramitar las solicitudes de adhesión para adecuar los elevadores y las líneas de frenómetros a los requisitos de homologación que exige la provincia. Se recuerda a los titulares de los vehículos verificar los vencimientos impresos en sus obleas actuales para programar los turnos en las nuevas bocas de expendio privadas y evitar penalizaciones en los puestos de control de las rutas bonaerenses.