La Casa Rosada enviaría primero un proyecto acotado con foco en seguridad ciudadana. El objetivo es lograr consenso con aliados sin abrir discusiones sobre temas sensibles.
El Poder Ejecutivo se encuentra en las definiciones finales para el envío de la reforma del Código Penal. Tras la llegada de Juan Bautista Mahíques al Ministerio de Justicia, la estrategia parece inclinarse por un proyecto «recortado» que prioriza el agravamiento de penas en delitos de alta sensibilidad social, postergando para una segunda etapa la reforma integral.
La iniciativa, que entraría por la Cámara Alta, busca evitar debates complejos que obliguen al oficialismo a fijar posición sobre regímenes vigentes, como la interrupción del embarazo. En cambio, el texto se centrará en tipificaciones urgentes: ciberdelitos, estafas piramidales, grooming y delitos migratorios. Aunque persisten tensiones internas sobre el alcance del proyecto, en Balcarce 50 confían en que este formato tiene mayor viabilidad parlamentaria.
La firma presidencial en la Secretaría de Legal y Técnica sería el paso final antes del desembarco en el Congreso.
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