La administración provincial cuestionó duramente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) tras autorizar el ingreso de la embarcación con bandera del Reino Unido, en medio de un fuerte cortocircuito institucional y judicial por el control de la terminal portuaria.
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su más enérgico repudio ante la reciente operación de un buque petrolero británico en el puerto de Ushuaia. El hecho generó un fuerte conflicto político debido a que la terminal portuaria se encuentra sustraída de la órbita provincial tras la intervención dispuesta por la administración nacional a través de la ANPyN, una medida cuya legalidad ya fue objetada por la Provincia en la justicia. Desde el Ejecutivo fueguino calificaron la situación de «inadmisible», advirtiendo la contradicción de permitir la recalada de una embarcación de la potencia ocupante en un territorio cuya soberanía se encuentra usurpada en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
Ante la gravedad institucional, la administración local emitió un comunicado oficial en el que exige explicaciones inmediatas al Gobierno nacional sobre los criterios políticos y estratégicos de la autorización, reclama el cese de la intervención portuaria con la restitución de su administración y convoca a la unidad política para defender los intereses estratégicos en el Atlantico Sur. «La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos», sentenciaron desde el distrito austral.
Las autoridades provinciales ratificaron que continuarán adelante con las acciones legales y las demandas políticas necesarias para recuperar el manejo soberano de la terminal portuaria frente a las decisiones unilaterales de la administración central.

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