Especialistas advierten que el proyecto enviado al Congreso quita la obligatoriedad de financiamiento y endurece los requisitos para internaciones. Aseguran que la mayoría de la población podría quedar sin cobertura.
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno nacional generó un fuerte rechazo en el sector sanitario. Asociaciones de profesionales y especialistas advierten que la iniciativa es «regresiva» y que, de aprobarse, desfinanciaría por completo el sistema al eliminar el piso obligatorio del 10% del presupuesto de salud destinado específicamente a esta área.
En declaraciones radiales, Alberto Trimboli, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental, alertó que el proyecto no solo recorta fondos, sino que modifica conceptos fundamentales. La reforma propone elevar el requisito para internaciones involuntarias de «riesgo cierto e inminente» a «riesgo grave para la vida», lo que dificultaría las intervenciones tempranas. Además, la obligatoriedad de que un psiquiatra firme el inicio del proceso genera preocupación por la falta de estos profesionales en diversas zonas del país.
Para los especialistas, el cambio conceptual de «padecimiento mental» a diagnósticos psiquiátricos cerrados dejaría fuera del sistema al 90% de las personas que hoy consultan por crisis emocionales o duelos, limitando el derecho a la salud.
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