La empresa Rockhopper y la firma Navitas aseguraron que sus permisos siguen vigentes y que las medidas anunciadas por el Gobierno no afectarán el desarrollo del yacimiento offshore en el Atlántico Sur.
Frente al endurecimiento de los controles y las sanciones anunciadas por la administración de Javier Milei, las compañías petroleras a cargo del proyecto Sea Lion salieron a ratificar su continuidad en las Islas Malvinas y relativizaron el impacto de las medidas oficiales.
A través de un comunicado conjunto, la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum señalaron que no esperan que los recientes anuncios presidenciales tengan efectos materiales sobre las actividades del yacimiento. Las empresas remarcaron que las licencias con las que operan fueron legalmente otorgadas por el gobierno local del archipiélago y cuentan con el «apoyo total y continuo del gobierno británico». Tras la cadena nacional, los títulos de ambas firmas en la Bolsa de Londres sufrieron una caída inicial que llegó a tocar el 10%, aunque posteriormente recortaron el retroceso al 5%.
El desarrollo offshore, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas y a unos 450 metros de profundidad, prevé una inversión inicial de US$1800 millones hasta la obtención del primer barril, a los que se sumarán otros US$2100 millones en una proyección de explotación a 30 años respaldada por reservas estimadas en 314 millones de barriles. Tras haber adoptado la decisión final de inversión en diciembre de 2025, las compañías insistieron en que el cronograma previsto para extraer crudo cerca del archipiélago se mantiene firme pese a la ofensiva legal y diplomática impulsada desde la Casa Rosada.
De este modo, se profundiza la pulseada internacional en torno a la soberanía y la explotación inconsulta de los recursos hidrocarburíferos en la plataforma marítima austral.
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