Durante una cadena nacional, el Presidente firmó un DNU para acelerar los procedimientos punitivos contra firmas petroleras y advirtió que no podrán operar en el territorio nacional quienes participen en proyectos ilegítimos en el Atlántico Sur.
En el marco de un fuerte mensaje sobre la soberanía nacional, el presidente Javier Milei encabezó este jueves una cadena nacional junto a todo su gabinete para anunciar un paquete de medidas diplomáticas, económicas, judiciales y militares destinadas a frenar el avance británico sobre las Islas Malvinas.
En el inicio de su discurso, el mandatario ratificó que el archipiélago forma parte del territorio nacional desde los orígenes del país y subrayó que los isleños, al ser una población implantada, no poseen un derecho legítimo a la autodeterminación. Tras repasar los antecedentes históricos desde la ocupación de 1833 y remarcar que la causa pertenece a toda la nación y no a un partido político, Milei advirtió sobre el peligro latente que representan los proyectos hidrocarburíferos offshore en la zona, con especial foco en la iniciativa petrolera Sea Lion.
Frente a este escenario, el Presidente firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) destinado a otorgar mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659 contra actores estatales y no estatales. La normativa prevé inhabilitar para operar en el país a todas aquellas compañías involucradas directa o indirectamente en la exploración y explotación inconsulta, alcanzando también a directores, accionistas y proveedores. En una advertencia directa a las corporaciones, el jefe de Estado sentenció que deberán optar entre mantener sus operaciones en el territorio disputado o apostar por el mercado argentino: «No se puede hacer las dos cosas», enfatizó.
De este modo, la administración central endurece su postura frente a las actividades británicas en el Atlántico Sur y refuerza los mecanismos legales para proteger los recursos naturales estratégicos.

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