Pese a que el Gobierno había prometido que el 70% de lo recaudado financiaría investigaciones del organismo, Manuel Adorni confirmó que los fondos no fueron al Instituto.
La subasta del emblemático edificio del INTA en Cerviño y Ortiz de Ocampo, valuado en USD 6 millones, generó un nuevo foco de conflicto. Aunque la ley vigente al momento de la venta y las declaraciones oficiales indicaban que la mayor parte de los recursos quedarían en el organismo, el informe escrito del vocero presidencial a los diputados reveló un destino diferente.
El inmueble de 3.100 m2 fue demolido bajo un plan de «modernización» que el Consejo Directivo del INTA aceptó bajo la condición de recibir la asignación de recursos correspondiente. Sin embargo, los fondos habrían sido derivados íntegramente al Tesoro, incumpliendo el artículo 57 de la ley 27.341 que establecía un reparto 70/30 a favor del Instituto.
Los gremios y sectores técnicos del agro cuestionan ahora la falta de inversión en áreas clave de investigación prometidas durante el anuncio de 2024.
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