Retroceso institucional: expertas y organizaciones civiles advierten por la falta de transparencia en la reforma para elegir jueces de la Corte

Un documento conjunto firmado por ACIJ, CELS, Poder Ciudadano y Amnistía Internacional, entre otras entidades, criticó la modificación de los decretos que regulaban las candidaturas al máximo tribunal. Aseguran que la medida suprime el control público, recorta la participación ciudadana y debilita los criterios de igualdad de género.

La preservación de los mecanismos de control social y el sostenimiento de estándares de transparencia en la designación de magistrados para el máximo tribunal de la Nación configuran garantías institucionales prioritarias para resguardar la división de poderes y la calidad democrática en la provincia de Buenos Aires y en todo el territorio federal. Cuando las normativas del Poder Ejecutivo alteran los procedimientos históricos de impugnación y participación de la sociedad civil, las alertas académicas y de los organismos especializados se activan de manera inmediata ante el riesgo de un debilitamiento en la confianza pública hacia las instituciones judiciales. Para las plataformas informativas enfocadas en el análisis técnico de los decretos, la jurisprudencia y las decisiones de la gestión pública, desglosar estos documentos colectivos resulta un insumo fundamental para comprender las tensiones institucionales actuales.

La reforma del sistema de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y otras altas autoridades judiciales oficializada por el Gobierno nacional a través del Boletín Oficial cosechó un rotundo rechazo por parte de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes denunciaron que los cambios normativos representan un grave retroceso en materia de transparencia, diversidad y escrutinio social. La modificación de los históricos decretos 222 y 588 del año 2003 eliminó de forma directa la instancia que permitía a ciudadanos, universidades, colegios profesionales y asociaciones presentar observaciones o impugnaciones formales a las candidaturas propuestas antes de su remisión definitiva al Senado de la Nación. El cuestionamiento quedó plasmado en un duro documento conjunto firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Democracia en Red, el INECIP, el CEJIL y la campaña GQUAL. Estas entidades sostuvieron de manera unánime que la supresión de las referencias a la necesidad de contemplar criterios de igualdad de género, especialidad y procedencia geográfica al proponer integrantes para la Corte implica una afectación directa sobre el acceso igualitario a los cargos públicos y reduce al mínimo los espacios de debate sobre una de las decisiones estratégicas del sistema institucional argentino.

Las organizaciones firmantes anticiparon que realizarán presentaciones formales ante los bloques parlamentarios del Congreso para exponer la gravedad del nuevo escenario normativo. Estiman que recortar los canales de impugnación previa resentirá la legitimidad de origen de los futuros magistrados que se incorporen al palacio de tribunales en los próximos meses.