Leandro Kebleris y Gabriela Rivero serán juzgados por administración fraudulenta. La justicia investiga un perjuicio de casi 50 millones de pesos mediante facturación apócrifa y sociedades ficticias vinculadas a la agrupación.
El juez federal Sebastián Casanello resolvió elevar a juicio oral la investigación por el presunto fraude cometido contra el Estado Nacional a través del programa Potenciar Trabajo. La medida alcanza a los responsables de sociedades fantasma que habrían facilitado la matriz delictiva para desviar recursos públicos asignados al Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor.
La resolución judicial sostiene que Leandro Gastón Kebleris y Gabriela Anahí Rivero operaron mediante la firma Coxtex SA para emitir facturas falsas que permitieron «dibujar» gastos por más de $49 millones. Según el expediente, estos fondos, originalmente destinados a fines sociales, terminaron financiando actividades político-partidarias. La elevación a juicio fue solicitada de manera unánime por el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción, tras hallar pruebas contundentes en los peritajes digitales de los teléfonos de los imputados. Estos mensajes revelaron una coordinación sistemática para la creación de empresas inexistentes y el cobro de cheques que nunca ingresaron a las firmas emisoras. La causa también involucra a Eduardo Belliboni, procesado por liderar este esquema de desvío de subsidios.
Este proceso marca un hito en la investigación sobre la transparencia de los planes sociales y el manejo de los fondos públicos por parte de las organizaciones sociales.
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