El proyecto de Javier Milei genera tensiones entre el oficialismo, Unión por la Patria y Provincias Unidas. Mientras el Ejecutivo analiza sumar controles parlamentarios, la oposición cuestiona el alcance de la propuesta.
El Gobierno busca avanzar en la Cámara de Diputados con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y reunir los apoyos necesarios para lograr su aprobación. Para acercar posiciones con los bloques aliados, el oficialismo aceptó analizar modificaciones, principalmente en los apartados que introducen cambios en la legislación sobre seguridad interior e inteligencia.
La iniciativa se debate en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal. Sin embargo, las diferencias entre el oficialismo y la oposición siguen marcando el tratamiento parlamentario.
Uno de los principales puntos de conflicto es la modalidad de votación. La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, dejó en claro que el Ejecutivo no acepta dividir el proyecto, como reclama Unión por la Patria. De esta manera, los diputados deberán pronunciarse a favor o en contra de la propuesta en su conjunto.
Pese a esa postura, el Gobierno abrió la puerta a incorporar mecanismos de control parlamentario sobre las medidas de seguridad e inteligencia. Entre las alternativas en análisis figura la creación de una comisión bicameral para supervisar el Consejo de Seguridad Nacional.
“Estos temas de seguridad nacional deben tener la coordinación de los tres poderes”, sostuvo Ibarzabal Murphy durante el debate.
Las diferencias entre el oficialismo y la oposición
La Libertad Avanza busca conseguir un dictamen de mayoría y defiende la iniciativa como una herramienta para proteger los recursos naturales, el territorio y los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas.
Desde Unión por la Patria, el diputado y excanciller Jorge Taiana cuestionó el proyecto y afirmó que el Gobierno utiliza la causa Malvinas para impulsar una agenda vinculada con la seguridad nacional y el alineamiento internacional con Estados Unidos.
La diputada libertaria Silvana Giudici, en cambio, rechazó las críticas y sostuvo que la defensa de la soberanía es una causa nacional. También destacó que la propuesta busca ampliar las herramientas legales para avanzar en la recuperación pacífica de los derechos argentinos sobre las islas.
Otro de los espacios que expresó reparos fue Provincias Unidas. El interbloque, integrado por 18 legisladores y encabezado por Gisela Scaglia, anticipó que no tendrá una posición unificada y que presentará un dictamen propio en minoría.
Entre los artículos cuestionados se encuentra el que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes financien o coordinen campañas de desinformación masiva destinadas a manipular la opinión pública. El texto también establece restricciones al financiamiento y al asesoramiento extranjero en las campañas políticas.
Tensión y cruces durante el debate
Las reuniones de las comisiones estuvieron atravesadas por fuertes discusiones entre legisladores del oficialismo y la oposición.
Uno de los episodios más tensos fue el enfrentamiento entre Juan Grabois, de Unión por la Patria, y los diputados libertarios Gerardo Huesen y Jairo Guzmán, que protagonizaron un cruce cara a cara que estuvo cerca de derivar en una pelea física.
También hubo insultos de Grabois hacia Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. El episodio motivó la interrupción abrupta del primer plenario por decisión de Carlos Zapata, titular de la Comisión de Defensa Nacional.
A esos cruces se sumaron las diferencias entre el libertario Federico Pelli y el peronista Agustín Rossi, exministro de Defensa. Pelli cuestionó la política del kirchnerismo en relación con Malvinas y acusó a ese espacio de utilizar la causa con fines partidarios mientras, según afirmó, se deterioraban las capacidades de las Fuerzas Armadas.
Qué establece la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
El proyecto propone un nuevo régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Entre las medidas previstas figuran penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas relacionadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
Además, contempla consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre ellas, podrían establecerse restricciones para desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
La iniciativa también incorpora cambios en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia. Según explicó la Casa Rosada, sus objetivos centrales son sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas estatales frente a amenazas externas.
El texto ratifica, además, que los territorios en disputa integran el territorio nacional y sostiene como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
El reclamo de los veteranos de Malvinas
En paralelo al debate parlamentario, Unión por la Patria organizó un encuentro en la Comisión de Asuntos Cooperativos de Diputados con cerca de un centenar de excombatientes de la guerra de 1982. La reunión fue convocada por el legislador y veterano Aldo Leiva, con la participación de representantes de distintas organizaciones nucleadas en la Mesa de Coincidencia Malvinas (MECOMA).
Leiva sostuvo que quienes defendieron al país durante la guerra tienen el derecho y la responsabilidad de participar en las decisiones vinculadas con la soberanía nacional.
También estuvo presente el escritor, periodista y excombatiente Edgardo Esteban, quien remarcó la importancia de sostener el reclamo argentino a lo largo del tiempo y afirmó que la recuperación de las islas continúa siendo un objetivo colectivo.
Con posiciones enfrentadas sobre el alcance de la iniciativa y su relación con la política de seguridad, el oficialismo encara una nueva instancia de negociación para conseguir un dictamen de mayoría y construir los consensos que necesitará cuando el proyecto llegue al recinto.
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